domingo, 27 de marzo de 2011

Keynes no puede morir

No es mi intención defender las ideas de raíz keynesiana con relación al aumento de la demanda agregada y la oferta monetaria aprovechando los sucesos de las últimas semanas en Japón o del inicio de la intervención militar en Libia. Voy a hacerlo intentando profundizar en el compartimiento de Europa en el terreno social, tan denostado secularmente por los liberales y conservadores.


La mayoría de los países de la Unión Europea piensan de forma parecida sobre el valor de la Política Social. El paradigma keynesiano y las políticas económicas que dimanaron del mismo fueron eficaces en la búsqueda del pleno empleo en el período comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los setenta. A ello ayudaron la bondad del entramado teórico y los condicionantes políticos, ya que los gobiernos occidentales se comprometieron a que tales políticas tuvieran éxito.

Sin duda, no es factible resucitar por completo aquel régimen económico. Para países de medianas dimensiones, aplicar una receta económica de esas características sin tener en cuenta las leyes de la economía mundial es casi imposible. No obstante, en la actualidad se acepta que la democracia es el régimen que posibilita el crecimiento económico, sobre todo porque los policy makers deben seguir los deseos de la mayoría. Incluso los regímenes de mercado libre más radical aceptan que la sanidad, los servicios públicos o las pensiones los debe proporcionar el Estado en su mayor parte.

Por ejemplo, en EE.UU, ningún gobierno, incluido el republicano, se plantearía abolir el sistema “Medicare”, que es un servicio gratuito de sanidad para los ancianos. De la misma forma, en Europa ningún gobierno ha tratado jamás de abolir el Estado de bienestar, incluidos los gobiernos conservadores, quienes han gastado en bienestar tanto como hayan podido hacerlos los socialistas, o más. Han podido intentar que fuera menos atractivo, de disuadir al ciudadano para que recurra a él, pero en realidad no han estado en condiciones de abolirlo por completo. Y es que los gobiernos deben aplicar una política económica que no deprima la producción de riqueza creada por la empresa privada, pero que, al mismo tiempo, provea a las peticiones sociales de la población.

Si hay que fijarse en las diferencias entre los países miembros de la Unión Europea, éstas se originan en los distintos desarrollos económicos de cada uno, y no en sus consideraciones sobre Política Social. En Europa no se pone en duda que el sistema de protección social deba mantenerse para ayudar a todos los que lo necesiten, pero sí comienza a debatirse sobre la forma en que tienen que estructurarse los sistemas de asistencia social, en relación a la cobertura y los fines a aplicar. Junto a ello, cada vez son más numerosas las voces críticas sobre la participación del Estado en este terreno.
La defensa de las políticas sociales, y con ello del Estado de Bienestar europeo, debe ser compatible con la consideración de sus actuales dificultades. Y aunque la crisis del Estado de Bienestar es más bien el reflejo de la crisis económica, así como de un modelo de sociedad mundializada que aún no ha establecido las reglas que impidan los problemas inherentes a esta internacionalización, es preciso redefinir el Estado de Bienestar para que el protagonismo de los sectores público y privado se complemente bajo tres principios: descentralización, socialización más flexible y autonomización.

Por lo que se refiere a la descentralización, los colectivos locales deben asumir más responsabilidades de tipo social y cultural. La socialización más flexible busca desburocratizar y racionalizar la gestión de los grandes equipamientos y servicios colectivos. La autonomización supone la transferencia a las colectividades no públicas (fundaciones, asociaciones, etc.) de la posibilidad de efectuar trabajos de servicio colectivo.

Toda posible solución recae en la creación de empleo, sea en forma de políticas activas, o en otras medidas tanto por el lado de la oferta como de la demanda de empleo. Es prioritario invertir en la sociedad del conocimiento, en las políticas de integración de los marginados y, por supuesto, en el logro de la cooperación entre los Estados miembros. La esencia de Occidente ha sido siempre su capacidad de ponerse en cuestión. A esta ilusión pertenece la propuesta de disociar el derecho a un ingreso de la capacidad de obtenerlo, de volver a hacer visible la pobreza.


(Artículo publicado en el Diario Progresista el 25 de Marzo de 2011)

1 comentario:

  1. A ver, la capacidad de "ponerse en cuestión" ¿es una "ilusión" o una "esencia"?

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